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Introducción

Desde su entrada en vigor, la Ley 20.393 ha sido uno de los principales pilares del cumplimiento normativo en Chile. Esta norma establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, que una empresa puede ser sancionada penalmente si alguno de sus trabajadores, ejecutivos o representantes comete ciertos delitos en su beneficio.

Con la modificación introducida por la Ley 21.595 en 2023, el catálogo de delitos se amplió significativamente. Por eso, es fundamental que toda empresa —especialmente aquellas que contratan con el Estado— sepa exactamente qué delitos contempla esta ley, cómo la afectan y cómo prevenirlos a través de un Modelo de Prevención de Delitos (MPD).


¿Qué es la Ley 20.393?

Es la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Fue promulgada en 2009 y ha sido modificada en varias ocasiones para ampliar su alcance y efectividad.

Aplica a:

  • Sociedades comerciales
  • Fundaciones y corporaciones
  • Empresas públicas y privadas
  • PYMES y grandes empresas por igual

¿Qué delitos contempla la ley?

La ley identifica una serie de delitos cuyo cometimiento puede implicar responsabilidad penal para la empresa. Algunos de ellos incluyen:

Delitos contra la probidad pública

  • Cohecho a funcionarios nacionales o extranjeros
  • Soborno entre privados
  • Corrupción activa o pasiva

Delitos económicos y tributarios

  • Administración desleal
  • Apropiación indebida
  • Delitos tributarios (ej. fraude al fisco, uso de facturas falsas)

Delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Delitos ambientales

  • Contaminación de agua, aire o suelos
  • Manejo inadecuado de residuos

Delitos informáticos

  • Acceso indebido a sistemas
  • Interferencia o manipulación de datos

Delitos de seguridad y salud en el trabajo

  • Omisión de medidas de seguridad con resultado de lesiones o muerte

¿Qué cambia con la Ley 21.595?

La Ley 21.595, vigente desde agosto de 2023, amplió el catálogo de delitos a más de 60 figuras penales.

Además:

  • Crea los Delitos Económicos como categoría legal
  • Permite aplicar sanciones más graves a las empresas
  • Exige que los Modelos de Prevención de Delitos sean proporcionales y efectivos

¿Cómo puede afectar esto a mi empresa?

SituaciónConsecuencia posible
Un trabajador comete cohechoTu empresa puede ser formalizada penalmente
Se detecta apropiación indebida en tu gestiónPuedes perder contratos y enfrentar sanciones económicas
No tienes Modelo de Prevención implementadoNo puedes defenderte ni atenuar responsabilidad
Te observan en una fiscalizaciónRiesgo de anulación de licitaciones o contratos

¿Qué empresas están en mayor riesgo?

  • Empresas proveedoras del Estado
  • Empresas que manejan fondos de terceros
  • Empresas con contacto frecuente con funcionarios públicos
  • Empresas en sectores regulados (salud, construcción, transporte, energía)

En resumen: si tu empresa postula o contrata con el Estado, estás en zona de riesgo legal.


¿Cómo prevenir estos delitos?

Implementando un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) adecuado a tu tamaño, rubro y nivel de exposición.

Un MPD debe incluir:

  • Diagnóstico de riesgos
  • Programa de Integridad firmado y vigente
  • Canal de denuncias funcional
  • Encargado de cumplimiento designado
  • Capacitación periódica a todo el personal
  • Evidencia de aplicación (registros, actas, listas de asistencia)

¿No tienes aún tu modelo implementado? Revisa nuestros Servicios.


¿Qué sanciones puede recibir mi empresa?

Si se determina que tu empresa no tomó medidas razonables para prevenir un delito cometido en su beneficio, puede enfrentar:

  • Multas proporcionales al beneficio obtenido
  • Pérdida de beneficios fiscales o públicos
  • Inhabilitación temporal o permanente para contratar con el Estado
  • Disolución de la empresa en casos graves
  • Daño reputacional irreversible

¿Qué evidencia debo presentar si ocurre una investigación?

  • El documento del Programa de Integridad
  • La política de canal de denuncias
  • Actas de capacitación con lista de asistencia
  • Declaración firmada del representante legal
  • Matriz de riesgos aplicada a la actividad de la empresa
  • Registros de revisión del modelo

Conclusión

La Ley 20.393 y su modificación por la Ley 21.595 no son normas teóricas: son exigencias legales reales que afectan a empresas de todos los tamaños, especialmente a quienes venden al Estado.

Tener un Modelo de Prevención de Delitos vigente, operativo y bien documentado puede ser la diferencia entre una sanción y una defensa efectiva.

En Maxing, diseñamos Modelos de Prevención proporcionales, auditables y listos para licitar, defenderte y cumplir con la ley.

¿Tu empresa conoce los delitos que debe prevenir? Escríbenos al Formulario de Contacto y evaluamos tu exposición.