Un Programa de Integridad solo puede funcionar si existe claridad sobre quién hace qué dentro de la organización. La Ley 20.393, la Ley 21.595 y el Dictamen CGR E370752/2023 establecen que toda empresa debe definir responsabilidades específicas en materia de cumplimiento, integridad y prevención de delitos. Esta distribución de roles es clave para garantizar que el sistema funcione correctamente, sea auditable y pueda responder ante fiscalizaciones de ChileCompra o la Contraloría General de la República.

En este artículo de Programa de Integridad – Maxing te explicamos cómo estructurar el equipo de cumplimiento en una empresa, asignando funciones claras y equilibradas para asegurar un control efectivo.

El punto de partida es la designación del Encargado de Cumplimiento, figura exigida por la Ley 20.393. Esta persona, interna o externa, debe contar con independencia funcional y conocimiento suficiente en materias legales, administrativas y éticas. Su principal responsabilidad es coordinar el funcionamiento del programa, supervisar su aplicación y actuar como punto de contacto ante las autoridades. En PYMES o microempresas, este rol puede recaer en un directivo o consultor especializado, siempre que tenga respaldo formal y autoridad para actuar.

El siguiente nivel corresponde a la alta dirección o gerencia, que mantiene la responsabilidad última sobre el cumplimiento. La ley es clara al respecto: la existencia de un programa no exime a los socios ni a los administradores de sus deberes de supervisión. La dirección debe aprobar el Programa de Integridad, asignar recursos, revisar reportes y velar porque las decisiones empresariales se ajusten a los principios éticos y normativos definidos. Su compromiso es determinante para la credibilidad del sistema.

Luego se debe establecer un Comité de Cumplimiento o Comité de Integridad, especialmente en empresas medianas y grandes. Este órgano actúa como espacio de coordinación y seguimiento, revisando informes, incidentes y planes de mejora. Está compuesto por representantes de distintas áreas —finanzas, recursos humanos, operaciones y dirección— y su función es integrar la visión del cumplimiento a toda la organización. En empresas más pequeñas, estas tareas pueden combinarse dentro del mismo equipo de gestión o con el apoyo de asesoría externa.

Otra responsabilidad fundamental recae en los mandos medios y supervisores, quienes actúan como puente entre la política y la práctica. Deben garantizar que los trabajadores conozcan las normas del programa, promover la conducta ética en su área y reportar cualquier irregularidad. El cumplimiento solo es efectivo cuando se vive en la operación diaria, y eso depende en gran medida del compromiso de los líderes intermedios.

Los trabajadores, por su parte, son responsables de cumplir las políticas y reportar de buena fe cualquier incumplimiento. La capacitación es esencial para que comprendan los riesgos de delitos corporativos y la importancia del canal de denuncias. Una empresa que capacita, escucha y responde, genera confianza y reduce los riesgos de sanciones.

Por último, es recomendable asignar un rol de auditoría o revisión independiente, que puede ser interno o externo. Este encargado verifica que las medidas adoptadas se cumplan y que la documentación esté completa. Su trabajo asegura la trazabilidad y demuestra a las autoridades que el sistema se revisa periódicamente, cumpliendo con el principio de mejora continua.

Definir responsabilidades claras en el equipo de cumplimiento evita duplicidades, fortalece la transparencia y demuestra que el programa no es simbólico, sino operativo. Además, al documentar cada rol y mantener actas de reuniones o reportes del Encargado de Cumplimiento, la empresa puede acreditar con evidencia su gestión efectiva de la integridad corporativa.

En Maxing ayudamos a las empresas a estructurar y formalizar su equipo de cumplimiento, adaptando los roles a su tamaño, recursos y nivel de riesgo, para asegurar que cada persona sepa exactamente qué papel desempeña en el mantenimiento de la ética y la transparencia empresarial.