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Introducción

En poco más de una década, Chile ha construido uno de los marcos legales más sólidos de América Latina en materia de integridad, probidad y cumplimiento corporativo.
Desde la Ley 20.393 (2009), que introdujo la responsabilidad penal de las empresas, hasta el Dictamen CGR E370752/2023, que obliga a contar con Programas de Integridad reales y verificables, el país ha dado pasos firmes hacia un modelo de ética empresarial obligatoria.

En este artículo de Programa de Integridad – Maxing analizamos cómo ha evolucionado la normativa chilena en materia de integridad, qué hitos marcaron el cambio y qué exige hoy el Estado a las empresas proveedoras.

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Los orígenes: Ley 20.393 y el nacimiento del compliance penal (2009)

La Ley 20.393 marcó un antes y un después al establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Por primera vez, las empresas podían ser sancionadas penalmente si sus representantes o empleados cometían delitos como cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo en su beneficio.

Para eximirse de responsabilidad, la empresa debía contar con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) que demostrara:

• Identificación y evaluación de riesgos.
• Controles internos efectivos.
• Designación de un Encargado de Cumplimiento.
• Capacitación del personal.
• Revisión y actualización periódica.

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La expansión del modelo: Ley 21.121 y fortalecimiento anticorrupción (2018)

En 2018, la Ley 21.121 amplió el catálogo de delitos e incorporó sanciones más severas para el cohecho nacional y transnacional.
También introdujo la figura de la corrupción entre particulares, reforzando el concepto de probidad en las relaciones entre empresas privadas.

Esta reforma consolidó la visión de que la integridad empresarial debía ser transversal y no limitarse solo a las relaciones con el Estado.

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El salto estructural: Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales (2023)

En 2023, Chile promulgó la Ley 21.595, considerada una de las reformas penales más ambiciosas del país.
Amplió el número de delitos aplicables a las personas jurídicas a más de 250, incorporando materias económicas, ambientales, laborales y tributarias.

Esta ley exige que los Programas de Integridad:

• Sean proporcionales al tamaño y giro de la empresa.
• Incluyan medidas de debida diligencia ambiental y social.
• Se actualicen con regularidad.
• Sean implementados y funcionales, no meramente declarativos.

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El control público: Dictamen CGR E370752/2023

El gran punto de inflexión llegó con el Dictamen de la Contraloría General de la República (E370752/2023), que consolidó las exigencias de integridad para todas las empresas proveedoras del Estado.

El dictamen establece que:

• Solo los programas implementados y verificables son válidos.
• Las empresas deben demostrar evidencia documental de aplicación (capacitaciones, canal de denuncias, actas, auditorías).
• La falta de cumplimiento puede generar observaciones, sanciones o inhabilitación para contratar con el Estado.

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Integridad pública: un principio transversal del Estado chileno

En paralelo, el Gobierno impulsó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, cuyo objetivo es promover una cultura de transparencia tanto en el sector público como en el privado.

Este enfoque refuerza la idea de que la integridad no es un requisito documental, sino un valor organizacional que debe reflejarse en la conducta diaria de empresas, funcionarios y proveedores.

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Desafíos actuales y proyección hacia el futuro

Hoy, las empresas chilenas enfrentan un nuevo paradigma: el cumplimiento real y continuo.
Ya no basta con tener políticas formales; se requiere evidencia operativa, liderazgo ético y auditoría constante.

Las tendencias futuras apuntan hacia:

✔ Integración con estándares internacionales como ISO 37301 e ISO 37001.
✔ Mayor fiscalización de ChileCompra y Contraloría.
✔ Exigencias de transparencia en toda la cadena de suministro.
✔ Creciente demanda de profesionales de cumplimiento certificados.

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Conclusión

La evolución de la normativa chilena de integridad refleja una transición desde la prevención legal mínima hacia la gestión ética estratégica.
Empresas que comprendan esta evolución y actúen proactivamente estarán mejor preparadas para competir, cumplir y construir confianza.

En Maxing ayudamos a tu empresa a navegar esta evolución normativa, implementando Programas de Integridad sólidos, actualizados y totalmente alineados con la Ley 21.595 y las directrices de la Contraloría.