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Introducción

En los últimos años, la Contraloría General de la República (CGR) ha tomado un rol activo en el fortalecimiento de la probidad y la integridad en la contratación pública.
El punto de inflexión fue el Dictamen E370752/2023, que estableció criterios claros y exigentes para el reconocimiento de los Programas de Integridad como requisito obligatorio para los proveedores del Estado.

Este cambio marcó el fin de la etapa de “cumplimiento formal” y dio paso a una nueva era: solo los programas implementados, auditables y funcionales son válidos.

En este artículo de Programa de Integridad – Maxing te explicamos por qué la Contraloría endureció sus criterios, qué busca lograr y cómo tu empresa puede cumplir correctamente para evitar observaciones o sanciones.


Antecedentes: de la formalidad a la efectividad

Antes de 2023, muchas empresas cumplían los requisitos de integridad presentando simples declaraciones o documentos de ética genéricos, sin aplicación práctica.
La CGR detectó que en múltiples fiscalizaciones los llamados “programas de integridad” no se encontraban implementados ni eran conocidos por el personal de las empresas.

Esto generó un vacío de control real, ya que se cumplía en el papel, pero no en la práctica.
Ante ello, el Dictamen E370752/2023 redefinió los parámetros mínimos exigibles para reconocer un Programa de Integridad como válido.

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Objetivos del endurecimiento de criterios

La nueva orientación de la CGR tiene tres propósitos principales:

🟩 1. Garantizar cumplimiento real y no simbólico

Se busca asegurar que los programas funcionen efectivamente, se apliquen dentro de la empresa y sean parte de su cultura organizacional.

🟩 2. Fortalecer la confianza pública

El Estado necesita contratar con empresas transparentes, éticas y responsables, que minimicen los riesgos de corrupción, soborno o fraude.

🟩 3. Unificar estándares de evaluación

El dictamen busca alinear las exigencias de integridad con las disposiciones de la Ley 20.393 y la Ley 21.595, generando coherencia entre las distintas instancias de fiscalización.

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Nuevos criterios aplicados por la Contraloría

El Dictamen CGR E370752/2023 estableció criterios concretos que los proveedores deben cumplir para acreditar un programa de integridad válido:


🟩 1. Existencia formal y documentada

El programa debe estar redactado, aprobado y vigente, con respaldo institucional y fecha de emisión.


🟩 2. Implementación real y verificable

Se debe demostrar su ejecución práctica, mediante evidencia como capacitaciones, auditorías, canales de denuncia activos y designación del encargado de cumplimiento.


🟩 3. Operatividad y seguimiento

El programa debe tener mecanismos de control, revisión periódica y actualización continua.
Los documentos sin evidencia de aplicación no se consideran válidos.


🟩 4. Alineación con la Ley 20.393 y 21.595

Debe incorporar los riesgos y delitos contemplados en ambas leyes, especialmente los delitos económicos y ambientales.

Aprende cómo aplicarlo en tus procesos internos con nuestras Capacitaciones.


Impacto para las PYMES y proveedores del Estado

Este endurecimiento tiene un impacto directo en el mercado público:

✔ Las PYMES proveedoras del Estado deben contar con programas adaptados a su tamaño, pero funcionales y comprobables.
✔ Las empresas en convenios marco pueden ser suspendidas si no mantienen su programa activo.
✔ Los documentos genéricos ya no son aceptados como evidencia de cumplimiento.

Conoce cómo fortalecer tu programa en nuestros Casos de Éxito.


Cómo prepararte para las nuevas fiscalizaciones

Para cumplir los nuevos estándares, tu empresa debe:

🔹 Actualizar su Programa de Integridad conforme a la Ley 21.595.
🔹 Designar formalmente un Encargado de Cumplimiento.
🔹 Implementar un canal de denuncias funcional y documentado.
🔹 Capacitar al equipo y conservar registros de evidencia.
🔹 Realizar auditorías preventivas al menos una vez al año.

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Conclusión

La decisión de la Contraloría de endurecer los criterios sobre los programas de integridad busca consolidar una cultura de cumplimiento real en el país.
Las empresas que se adapten a este nuevo estándar no solo evitarán sanciones, sino que también fortalecerán su reputación, competitividad y sostenibilidad.

En Maxing, acompañamos a tu empresa en todo el proceso: diagnóstico, diseño, implementación, capacitación y certificación de su Programa de Integridad, garantizando que cumpla plenamente con las exigencias de la CGR y las leyes vigentes.