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Introducción

Desde 2023, las empresas que quieran ser proveedoras del Estado en Chile ya no pueden simplemente cumplir con los aspectos financieros y técnicos de una licitación: ahora también deben acreditar su compromiso real con la integridad, la ética y el cumplimiento normativo. Esta exigencia, regulada a través de dictámenes y leyes como la N° 20.393 y el Dictamen E370752/2023 de la Contraloría General de la República, busca prevenir la corrupción y profesionalizar el vínculo entre el mundo privado y el aparato público.

En este artículo, abordamos con claridad y rigor qué elementos concretos debe tener una empresa para ser considerada «cumplidora de integridad» ante el Estado, especialmente si es una PYME. También exploraremos cómo implementarlos de forma efectiva, sin perder tiempo ni recursos innecesarios.

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¿Por qué es importante cumplir con la integridad al contratar con el Estado?

Ser proveedor del Estado implica participar en procesos de contratación financiados con fondos públicos. Por eso, se espera que las empresas que postulan cuenten con estándares éticos claros y mecanismos de prevención de irregularidades.

Desde el año 2023, con la emisión del Dictamen E370752/2023 de la Contraloría, se establece que los órganos públicos deben incluir criterios de integridad en sus licitaciones, lo que convierte el tema en un requisito obligatorio y evaluable. No basta con declarar buenas intenciones: hay que demostrar integridad con evidencias concretas.

Conoce cómo ayudamos a nuestros clientes a cumplir esta exigencia en la sección Casos de Éxito.

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¿Qué exige el Estado a un proveedor en materia de integridad?

Si eres proveedor del Estado o estás postulando a serlo, debes tener implementados los siguientes elementos:

1. Programa de Integridad formal y documentado

Debe estar diseñado según la normativa chilena, contener un código de ética, políticas claras, canales de denuncia, procedimientos disciplinarios, responsables internos, y un mecanismo de actualización anual.

2. Evidencia de implementación

El programa no debe estar solo en papel. Debe estar activo, conocido por los trabajadores, y documentado. Se espera que puedas presentar:

• Registros de capacitaciones
• Firmas de recepción de políticas internas
• Procedimientos activados (por ejemplo, si hubo una denuncia interna)
• Actas de actualización o revisión del programa

3. Capacitación formal y trazable

La capacitación es un eje clave. No se acepta como cumplimiento enviar un correo electrónico. Se requiere una instancia de formación clara, con contenido, asistentes, evaluación y registro.

Si necesitas apoyo en este punto, conoce nuestros programas de Capacitación diseñados para PYMES proveedoras.

4. Canal de denuncias operativo

El proveedor debe tener habilitado un canal donde cualquier colaborador o stakeholder pueda informar sobre hechos contrarios a la ética. Debe garantizar confidencialidad, anonimato si corresponde, y un procedimiento de respuesta claro.

5. Encargado o Comité de Integridad

El Estado espera que las empresas definan una persona o comité responsable de gestionar el programa. Puede ser interno o externalizado, según el tamaño de la organización.

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¿Qué leyes respaldan esta exigencia?

Chile ha adoptado un marco jurídico robusto para combatir la corrupción y fortalecer la probidad en el sector público. Las principales normas que sustentan estas exigencias son:

🧩 Ley N° 20.393

Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por ciertos delitos si no cuentan con mecanismos de prevención.

🧩 Dictamen CGR N° E370752/2023

Obliga a los proveedores del Estado a contar con programas de integridad formales, y prohíbe el uso de declaraciones juradas como única evidencia.

🧩 Ley N° 21.595

Amplía los delitos que pueden generar responsabilidad empresarial y endurece las sanciones por incumplimiento.

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¿Qué errores comunes cometen los proveedores?

En nuestra experiencia, muchos proveedores que no logran adjudicarse licitaciones o son excluidos, caen en alguno de estos errores:

• Confundir un código de ética con un programa de integridad completo.
• No acreditar que el personal fue capacitado.
• Tener un canal de denuncias solo formal, pero no funcional.
• No actualizar su programa conforme a cambios legales.
• No designar a una persona responsable del sistema.

Cumplir con la ley requiere evidencia, trazabilidad y compromiso. Los formularios genéricos o las promesas verbales ya no son suficientes.

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¿Cómo implementar estos elementos de forma eficiente?

Para PYMES y empresas sin áreas legales internas, cumplir con estas exigencias puede parecer complejo. Sin embargo, es posible hacerlo de forma ágil y con respaldo profesional.

Recomendaciones clave:

✔ Comienza con un diagnóstico breve de cumplimiento.
✔ Adapta un programa a tu realidad y rubro (no uses plantillas genéricas).
✔ Capacita a tus trabajadores al menos una vez al año.
✔ Implementa un canal de denuncias con respaldo técnico y legal.
✔ Mantén registros de todo: capacitaciones, revisiones, respuestas.
✔ Acompáñate de expertos si no cuentas con personal interno.

Puedes contactarnos directamente aquí y uno de nuestros especialistas te guiará paso a paso.

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Conclusión

Hoy, para ser proveedor del Estado, ya no basta con tener una buena oferta técnica o económica. Cumplir con la integridad es un requisito formal, verificable y obligatorio, que no se puede subestimar. Implementar un Programa de Integridad completo, capacitar a tu equipo y tener canales de denuncia funcionales no solo te protege ante riesgos legales, sino que también te posiciona como un actor serio, confiable y alineado con las exigencias del país.

En Maxing, hemos trabajado con decenas de empresas para ayudarlas a cumplir con estos requisitos y adjudicar contratos públicos. Podemos ayudarte también.

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