¿Cuál es la estructura mínima que debe tener un Programa de Integridad?
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marzo 9, 2025Introducción
El Dictamen E370752/2023 de la Contraloría General de la República (CGR) es uno de los hitos más importantes en materia de cumplimiento normativo en Chile. Este dictamen no solo aclara, sino que refuerza la exigencia de contar con Programas de Integridad aplicados por parte de los proveedores del Estado.
Para las empresas que participan en licitaciones públicas, este dictamen cambia las reglas del juego, haciendo obligatorio lo que antes era interpretado como “buena práctica”.
En este artículo revisamos en profundidad qué establece el Dictamen CGR E370752/2023, a quiénes afecta, cómo impacta en la evaluación de ofertas, y qué debe hacer una PYME para cumplir con estas nuevas exigencias.
¿Qué es el Dictamen CGR E370752/2023?
Es una interpretación oficial de la CGR, publicada en 2023, que instruye a todos los órganos del Estado a:
“Verificar la existencia y aplicación efectiva de Programas de Integridad en las empresas oferentes.”
En términos simples: si postulas a una licitación pública, debes contar con un Programa de Integridad real, vigente y funcional.
¿A quiénes aplica?
- A todos los organismos públicos que realicen procesos de compra y contratación
- A todas las empresas proveedoras del Estado, sin importar su tamaño
- Especialmente relevante para empresas en:
- Convenio Marco
- Trato directo
- Licitaciones con criterios técnicos evaluables
¿Tu empresa participa en licitaciones o Convenio Marco? Entonces este dictamen te aplica directamente.
¿Qué debe tener un Programa de Integridad según la CGR?
El dictamen no establece una estructura rígida, pero sí indica que debe existir:
- Un programa vigente y funcional
- Aplicación efectiva, no solo un documento genérico
- Evidencia de uso del canal de denuncias
- Capacitación al personal
- Designación de responsables
- Registro de acciones, revisiones y mejoras
¿Qué consecuencias tiene no cumplir?
| Incumplimiento | Posible consecuencia |
|---|---|
| No tener programa | Bajo puntaje técnico o descalificación |
| Tener programa sin aplicación | Observación por la CGR o exclusión de procesos |
| No presentar evidencia | Pérdida de adjudicación incluso después de ser seleccionado |
| No capacitar o no registrar | Consideración de “programa no operativo” |
¿Cómo se evalúa esto en una licitación?
- Cada vez más licitaciones incluyen una sección de “integridad y cumplimiento”
- Algunas lo integran en el criterio técnico; otras lo tratan como requisito obligatorio
- No basta con una declaración jurada o un código de ética aislado
- Se solicita presentar una carpeta de cumplimiento con documentos firmados, canal activo, capacitación registrada, entre otros
Aprende cómo armar tu carpeta en este artículo:
¿Qué es la carpeta de cumplimiento y cómo debe presentarse en una licitación?
¿Qué exige la Contraloría a los organismos públicos?
El dictamen también instruye a los compradores públicos a:
- No aceptar como válidas declaraciones sin respaldo
- Exigir evidencia documentada en caso de adjudicación
- Aplicar observaciones si detectan incumplimiento
- Incluir estos criterios en bases de licitación y evaluaciones técnicas
¿Qué puede hacer una PYME para cumplir?
- Diseñar un Programa de Integridad adaptado a su tamaño y giro
- Implementar un canal de denuncias simple y accesible
- Capacitar al personal y guardar registros
- Nombrar un encargado de cumplimiento interno o externo
- Evidenciar aplicación real: actas, políticas, revisiones
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¿Este dictamen tiene fuerza obligatoria?
Sí. Los dictámenes de la CGR son obligatorios para los organismos públicos, lo que significa que pueden invalidar contrataciones si detectan incumplimiento.
Aunque no impone sanciones directas a las empresas, puede derivar en que pierdas una adjudicación o seas excluido del proceso.
Conclusión
El Dictamen CGR E370752/2023 establece una nueva etapa en la contratación pública chilena, donde el cumplimiento normativo no es un adorno: es una exigencia evaluable, fiscalizable y documentable.
Toda empresa proveedora del Estado debe implementar un Programa de Integridad activo, proporcional a su tamaño, y con evidencia real de aplicación.
En Maxing, diseñamos Programas de Integridad ajustados a este dictamen, listos para ser presentados, auditados y validados en cualquier proceso público.
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