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Introducción

La Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente desde 2009, marcó un antes y un después en el sistema legal chileno. Por primera vez, las empresas —no solo sus trabajadores o directivos— pueden ser consideradas responsables penalmente si no toman las medidas necesarias para prevenir ciertos delitos.

Esto tiene profundas implicancias, especialmente para las empresas proveedoras del Estado, donde hoy se exige evidencia concreta de cumplimiento ético y normativo. En este artículo, explicamos en lenguaje claro y técnico qué es la Ley 20.393, qué exige, a quiénes aplica y cómo puedes cumplirla correctamente, sin importar el tamaño de tu empresa.

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¿Qué es la Ley 20.393?

La Ley 20.393, publicada en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile por ciertos delitos cometidos por sus dueños, directores, ejecutivos o trabajadores, cuando estos actos les beneficien directa o indirectamente y la empresa no haya tomado medidas adecuadas de prevención.

Esta ley busca fomentar una cultura de integridad al interior de las organizaciones, exigiendo que se implementen Modelos de Prevención de Delitos (MPD). Su existencia y aplicación pueden eximir de responsabilidad penal a la empresa si se demuestra que el modelo era adecuado y funcional.

¿Quieres saber si tu empresa está cumpliendo con esta ley? Descúbrelo en nuestra sección de Servicios.

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¿Qué delitos contempla la Ley 20.393?

Inicialmente la ley abarcaba tres delitos, pero con las sucesivas reformas (especialmente tras la Ley N° 21.595 sobre delitos económicos) se amplió considerablemente el catálogo. Hoy en día, los principales delitos contemplados incluyen:

• Cohecho a funcionario público nacional o extranjero
• Lavado de activos
• Financiamiento del terrorismo
• Receptación
• Soborno entre privados
• Administración desleal
• Negociación incompatible
• Apropiación indebida
• Contaminación de aguas (y otros delitos ambientales)

Revisa todos los delitos aplicables y su relación con compras públicas en nuestra sección de Preguntas Frecuentes.

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¿A quiénes aplica esta ley?

Contrario a lo que muchos creen, la Ley 20.393 no aplica solo a grandes empresas. Su aplicación es obligatoria para:

• Personas jurídicas privadas con fines de lucro o sin fines de lucro, incluyendo fundaciones, asociaciones y corporaciones.
• Empresas proveedoras del Estado, sin importar su tamaño o giro.
• Empresas que celebren contratos con entidades públicas o realicen actos de administración pública delegada.

Esto incluye microempresas, PYMES, empresas familiares y consorcios. El criterio es funcional: si la empresa puede obtener un beneficio de una conducta delictiva cometida por uno de sus colaboradores, y no adoptó un sistema preventivo adecuado, puede ser considerada responsable penalmente.

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¿Qué es un Modelo de Prevención de Delitos?

Un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) es un conjunto estructurado de medidas, políticas, procedimientos y controles diseñados para prevenir, detectar y reaccionar ante la comisión de los delitos incluidos en la Ley 20.393.

Un MPD bien diseñado debe incluir:

• Identificación de riesgos delictivos relacionados al giro y operación de la empresa.
• Código de ética y conducta con reglas claras para todos los niveles.
• Encargado de Prevención de Delitos, con autonomía y autoridad.
• Mecanismos de control, monitoreo y sanción.
• Canal de denuncias anónimo y seguro.
• Capacitación periódica al personal.
• Evaluación y mejora continua del modelo.

¿Tu empresa necesita implementar o actualizar su modelo? Revisa cómo lo hacemos en Maxing.

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¿Cómo se relaciona esta ley con las licitaciones públicas?

Desde la entrada en vigencia del Dictamen CGR E370752/2023, los órganos públicos deben evaluar si los oferentes cuentan y aplican efectivamente un Programa de Integridad y un Modelo de Prevención de Delitos, como parte de su proceso de evaluación.

Si tu empresa quiere participar en una licitación o Convenio Marco, debes poder demostrar que:

• Tienes un modelo implementado y funcional.
• Has capacitado a tu equipo.
• Cuentas con un canal de denuncias y lo usas.
• Existe un responsable asignado al sistema.
• El modelo está documentado, actualizado y disponible.

No cumplir con esto puede llevar a descalificaciones automáticas, observaciones formales o pérdida de contratos ya adjudicados.

Aprende más sobre el vínculo entre ley, compliance e integridad en nuestra sección de Certificación y Cumplimiento Legal.

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¿Qué sanciones pueden aplicarse si no se cumple la ley?

Si una empresa no adopta un MPD y se comete alguno de los delitos señalados, la organización puede enfrentar:

• Multas millonarias (hasta 40.000 UTM)
• Pérdida de beneficios fiscales o subvenciones
• Inhabilitación para contratar con el Estado
• Disolución de la personalidad jurídica

Estas sanciones son independientes de las responsabilidades penales de los individuos involucrados. Incluso si la empresa “no sabía” del delito, el hecho de no haber prevenido puede condenarla.

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¿Cómo cumplir con la Ley 20.393 de manera efectiva?

El cumplimiento no debe ser simbólico ni reactivo. Aquí algunas recomendaciones prácticas para proveedores del Estado:

✔ Diagnóstico de riesgos

Identifica qué delitos son más probables según tu actividad, clientes, procesos internos o ubicación.

✔ Implementa un modelo personalizado

Evita usar plantillas genéricas. Un MPD debe ser diseñado según el tamaño, rubro y nivel de exposición al riesgo de tu empresa.

✔ Capacita al personal

Toda la organización debe conocer el modelo, especialmente los directivos y responsables operativos.

✔ Designa un encargado

Debe tener formación o experiencia mínima en cumplimiento o prevención. Puede ser un externo si no tienes estructura interna.

✔ Monitorea, revisa y mejora

Actualiza tu modelo ante cambios en la ley, contrataciones nuevas o incidentes internos.

Si no sabes por dónde comenzar, agenda una asesoría con nuestro equipo en el Formulario de Contacto.

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Conclusión

La Ley 20.393 llegó para quedarse. Hoy es una herramienta central del sistema legal chileno para responsabilizar a las empresas por delitos cometidos en su beneficio, especialmente en procesos relacionados con el Estado.

Cumplir con esta ley no solo protege a tu empresa frente a riesgos penales, sino que también te posiciona como un proveedor ético, confiable y competitivo. No esperes a que sea una licitación la que te exija cumplir: prepárate ahora con el respaldo de especialistas.

En Maxing desarrollamos Modelos de Prevención de Delitos a medida para PYMES y empresas proveedoras del Estado. Escríbenos y te ayudamos a cumplir con la ley.