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Introducción

En los últimos años, Chile ha fortalecido significativamente su marco legal para promover la integridad en los negocios, combatir la corrupción y profesionalizar las relaciones entre el Estado y sus proveedores. Hoy en día, diversas leyes y dictámenes exigen que las empresas —incluidas las PYMES— cuenten con Programas de Integridad implementados y funcionales.

Pero, ¿cuáles son exactamente esas leyes? ¿Qué obligaciones imponen? ¿A quiénes afectan? En este artículo revisamos las principales normativas chilenas que exigen o respaldan la implementación de Programas de Integridad, su contexto legal y cómo cumplirlas correctamente.

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1. Ley N° 20.393: Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

📌 Vigente desde: 2009

🧭 Ámbito: Todas las empresas, con o sin fines de lucro

🛡️ Relevancia: Altísima

La Ley 20.393 establece por primera vez en Chile que una empresa puede ser penalmente responsable si alguno de sus trabajadores o ejecutivos comete ciertos delitos en su beneficio directo o indirecto.

Para eximirse de esta responsabilidad, la empresa debe:

• Contar con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
• Haberlo implementado con capacitación y seguimiento
• Designar a un encargado de cumplimiento
• Tener procedimientos, políticas y canales de denuncia activos

Los delitos incluyen cohecho, lavado de activos, administración desleal, apropiación indebida, entre otros.

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2. Ley N° 21.595: Delitos Económicos y Ambientales

📌 Vigente desde: Agosto 2023

🧭 Ámbito: Personas naturales y jurídicas

🛡️ Relevancia: Muy alta

Esta nueva ley expande enormemente la lista de delitos que pueden generar responsabilidad penal para las empresas, incluyendo:

• Delitos ambientales
• Delitos tributarios
• Fraude al fisco
• Infracciones sanitarias
• Cohecho y corrupción en general

Además, vincula directamente el nivel de cumplimiento ético y normativo con la proporcionalidad de las sanciones, lo que hace que contar con un Programa de Integridad pueda atenuar o agravar las penas.

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3. Dictamen CGR E370752/2023

📌 Emitido por: Contraloría General de la República

📅 Fecha: Septiembre 2023

🛡️ Relevancia: Crítica para proveedores del Estado

Este dictamen establece que:

“Los órganos del Estado deben incorporar criterios de evaluación de integridad en los procesos de compra pública, considerando la existencia y aplicación efectiva de programas de integridad por parte de los oferentes”.

Esto significa que toda empresa que quiera participar en licitaciones públicas o convenios marco debe contar con un Programa de Integridad funcional, que incluya:

• Código de ética
• Canal de denuncias
• Capacitación
• Políticas internas y procedimientos
• Documentación y evidencia aplicable

No basta con una declaración jurada o un documento genérico.

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4. Ley N° 19.886: Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios

📌 Vigente desde: 2003

🧭 Ámbito: Contratos con el Estado

🛡️ Relevancia: Moderada, pero complementaria

Si bien esta ley no menciona directamente los Programas de Integridad, sí establece principios de:

• Probidad
• Transparencia
• No discriminación
• Responsabilidad en los actos contractuales

Estos principios se refuerzan con las exigencias actuales del sistema de compras públicas y justifican la exigencia de mecanismos internos de cumplimiento por parte de los proveedores.

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5. Normativa de ChileCompra y Convenio Marco

📌 Vigencia: Permanente según bases específicas

🧭 Ámbito: Licitaciones, tratos directos y bases marco

🛡️ Relevancia: Alta para proveedores activos

Las bases de licitación de ChileCompra, así como los formularios de postulación a Convenio Marco, ya incorporan secciones específicas para declarar, evidenciar y acreditar Programas de Integridad.

Además, el cumplimiento efectivo de estas políticas puede representar un:

• Criterio de adjudicación
• Elemento diferenciador frente a competidores
• Requisito excluyente en algunas categorías

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¿A quiénes aplican estas leyes?

Estas normas aplican a:

• Personas jurídicas (sociedades, fundaciones, asociaciones, corporaciones)
• Empresas chilenas y extranjeras que operan en el país
• Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
• Cualquier entidad que mantenga relaciones contractuales con organismos del Estado

No existen exenciones por tamaño, tipo de sociedad o monto de contrato. Por tanto, todas las PYMES que desean vender al Estado deben cumplir.

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¿Qué pasa si no cumples con estas leyes?

Las consecuencias varían según el tipo de incumplimiento, pero pueden incluir:

• Descalificación de licitaciones
• Inhabilitación para contratar con el Estado
• Multas millonarias
• Daño reputacional
• Sanciones penales para la empresa o sus representantes

Incluso si nunca has tenido problemas legales, el solo hecho de no poder demostrar tu cumplimiento ante una auditoría puede significar la pérdida de oportunidades comerciales.

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Conclusión

Chile cuenta hoy con un marco normativo robusto que exige integridad, transparencia y responsabilidad a todas las empresas que deseen participar del mercado público.

Cumplir con estas leyes no es una opción, es una obligación legal y estratégica, que posiciona a tu empresa como proveedor serio, ético y confiable.

La buena noticia es que cumplir no es difícil si cuentas con el acompañamiento correcto. En Maxing, diseñamos e implementamos Programas de Integridad completos, adaptados a la realidad de cada empresa y alineados 100% con la legislación chilena vigente.

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