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Introducción

La Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, promulgada en 2023, marcó un hito en la regulación penal empresarial en Chile.
Esta ley amplió el alcance de la Ley 20.393, estableciendo un marco más estricto de responsabilidad penal para las personas jurídicas y, con ello, nuevas sanciones para las empresas que no implementen o mantengan un Programa de Integridad o Modelo de Prevención de Delitos (MPD) efectivo.

Para las PYMES proveedoras del Estado, el incumplimiento ya no es una simple falta administrativa: puede significar multas millonarias, inhabilitación e incluso disolución de la empresa.

En este artículo de Programa de Integridad – Maxing analizamos qué sanciones contempla la ley, cómo se aplican y qué puede hacer tu empresa para prevenirlas.

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¿Qué busca sancionar la Ley 21.595?

El espíritu de la Ley 21.595 es claro: elevar los estándares de responsabilidad penal empresarial y asegurar que las empresas actúen con ética y transparencia.
Las sanciones se aplican cuando:

• La empresa no implementa un Programa de Integridad o MPD.
• El modelo existe, pero no está operativo o actualizado.
• Se demuestra que el programa fue solo formal o simulado.
• La organización obtuvo beneficios económicos derivados del delito.

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Tipos de sanciones que establece la Ley 21.595

La ley clasifica las sanciones en cuatro grandes categorías según la gravedad del delito y el nivel de responsabilidad de la empresa.

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🟩 1. Multas económicas

Las multas pueden alcanzar hasta el triple del beneficio económico obtenido a través del delito.
Incluso si no hubo ganancia, la ley permite imponer sanciones por montos proporcionales al daño causado.

Para las PYMES, estas multas pueden significar pérdidas financieras insostenibles si no cuentan con un programa preventivo que atenúe la responsabilidad.

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🟩 2. Inhabilitación temporal o permanente para contratar con el Estado

La empresa puede ser excluida del Registro de Proveedores de ChileCompra, impidiéndole participar en licitaciones o convenios marco.
Esta sanción es especialmente grave para organizaciones que dependen del mercado público como fuente principal de ingresos.

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🟩 3. Pérdida de beneficios fiscales o públicos

La ley permite revocar subvenciones, franquicias tributarias o beneficios estatales otorgados a la empresa, si se demuestra que actuó en contravención a las normas de integridad o probidad.

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🟩 4. Disolución o cancelación de la persona jurídica

En los casos más graves, el tribunal puede ordenar la disolución de la empresa si determina que fue creada o utilizada sistemáticamente para cometer delitos.
Este castigo, aunque extremo, busca erradicar las organizaciones que operan con fines ilícitos o fraudulentos.

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Atenuantes: cómo evitar sanciones graves

La ley reconoce ciertos factores atenuantes que pueden reducir significativamente las sanciones penales, entre ellas:

✔ Contar con un Modelo de Prevención de Delitos implementado y funcional.
✔ Haber detectado y denunciado internamente la irregularidad.
✔ Colaborar activamente con la investigación.
✔ Adoptar medidas correctivas efectivas tras el incidente.

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El impacto para las PYMES y microempresas

Aunque muchas pequeñas empresas creen estar fuera del alcance penal, la Ley 21.595 las incluye expresamente dentro del marco de responsabilidad.
Esto significa que todas las personas jurídicas, sin importar su tamaño, deben implementar un Programa de Integridad adaptado a su capacidad operativa.

Un MPD simple pero bien diseñado puede eximir de responsabilidad penal si logra demostrar:

• Diagnóstico de riesgos documentado.
• Capacitación periódica.
• Canal de denuncias funcional.
• Supervisión y actualización anual.

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Buenas prácticas para prevenir sanciones

🔹 Designar formalmente a un Encargado de Cumplimiento.
🔹 Mantener políticas y controles actualizados.
🔹 Capacitar al equipo en ética y prevención de delitos.
🔹 Guardar toda la evidencia documental (actas, informes, capacitaciones).
🔹 Revisar el programa ante cada cambio legal o estructural.

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Conclusión

La Ley 21.595 establece sanciones severas, pero también ofrece una oportunidad de fortalecimiento institucional.
Implementar un Programa de Integridad funcional y documentado no solo protege a tu empresa de multas o inhabilitaciones, sino que también construye confianza, transparencia y valor competitivo.

En Maxing ayudamos a tu empresa a cumplir con todas las exigencias legales, evitando riesgos y asegurando un cumplimiento sólido y demostrable ante el Estado.