Desde que entró en vigencia la Ley 20.393, Chile ha fortalecido su marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo sanciones directas a las empresas que no implementen medidas efectivas de prevención de delitos.
En los últimos años, varios casos emblemáticos han demostrado que el incumplimiento no solo genera multas, sino también la pérdida de reputación y la exclusión del mercado público.
En este artículo analizamos algunos de los casos más relevantes y las lecciones que toda empresa proveedora del Estado debería aprender.
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Qué establece la Ley 20.393

La Ley 20.393 responsabiliza penalmente a las empresas por delitos cometidos por sus representantes o dependientes cuando no existan controles adecuados para prevenirlos.
Entre los delitos más relevantes se encuentran el cohecho, la malversación, el lavado de activos y la receptación.
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Casos emblemáticos en Chile

Diversas empresas han enfrentado consecuencias por no cumplir adecuadamente con la normativa:

• Caso de una constructora regional: sancionada por no contar con controles internos que previnieran el pago de sobornos a funcionarios públicos.
• Empresa de suministros médicos: multada y suspendida de licitaciones tras detectarse irregularidades en procesos de compras públicas.
• Proveedor de servicios tecnológicos: perdió contratos con organismos estatales por no poder acreditar un Programa de Integridad operativo durante una auditoría.

Estos casos marcaron precedentes y reforzaron la importancia del cumplimiento efectivo.
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Lecciones aprendidas

De la revisión de estos casos se desprenden conclusiones claras:

• La ausencia de controles o documentación puede implicar sanciones directas.
• Los programas “en papel” no son suficientes: deben aplicarse y evidenciarse.
• La capacitación y el canal de denuncias son piezas centrales del cumplimiento.
• El acompañamiento experto reduce significativamente los riesgos.

Implementar estas lecciones fortalece la integridad corporativa y previene sanciones futuras.
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Conclusión

Los casos emblemáticos confirman que la integridad no es opcional. Toda empresa que desee participar en el mercado público debe demostrar una gestión ética, transparente y verificable.
Cumplir con la Ley 20.393 no solo evita sanciones, sino que construye reputación y sostenibilidad.
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