Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica: todo lo que debe saber una PYME
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Desde 2023, la Contraloría General de la República (CGR) elevó significativamente los estándares de integridad y cumplimiento empresarial en el sector público chileno.
Con la emisión del Dictamen E370752/2023, la CGR estableció que toda empresa que contrate con el Estado debe acreditar tener un Programa de Integridad implementado, operativo y verificable.
Esto implica que ya no basta con cumplir formalidades o presentar declaraciones juradas.
Hoy, las empresas deben demostrar evidencia real de integridad institucional, bajo el marco de las Leyes 19.886, 20.393 y 21.595.
En este artículo de Programa de Integridad – Maxing te explicamos en detalle qué exige la Contraloría, cómo fiscaliza y qué debes hacer para cumplir correctamente con la normativa.
¿Qué rol cumple la Contraloría General de la República?
La CGR es el órgano autónomo encargado de fiscalizar el uso correcto de los recursos públicos y asegurar la probidad administrativa.
En los últimos años, su rol se ha expandido hacia la verificación del cumplimiento empresarial de los principios de integridad en las relaciones público-privadas.
Esto incluye:
- Revisar la conducta ética de las empresas contratistas.
- Supervisar que las entidades públicas verifiquen los Programas de Integridad.
- Emitir dictámenes que orientan la aplicación de las leyes de probidad y responsabilidad penal.
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¿Por qué la Contraloría exige Programas de Integridad?
La exigencia responde a tres factores clave:
- Cumplimiento de la Ley 20.393 (Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica).
- Aplicación del principio de probidad consagrado en la Ley 19.886.
- Ampliación de la responsabilidad penal empresarial establecida en la Ley 21.595 de Delitos Económicos.
La CGR busca asegurar que las empresas que contratan con el Estado:
✔ Prevengan actos de corrupción o soborno.
✔ Promuevan transparencia y ética en sus operaciones.
✔ Cuenten con mecanismos internos de control y denuncia.
✔ Capaciten a su personal en integridad y cumplimiento.
Aprende cómo implementar estos mecanismos en nuestros Servicios.
¿Qué exige la Contraloría concretamente?
El Dictamen CGR E370752/2023 establece que los organismos públicos deben exigir evidencia del Programa de Integridad, y que esta debe ser verificable.
A continuación, se detallan los principales requisitos exigidos:
🟩 1. Existencia del Programa de Integridad
La empresa debe contar con un documento formal que describa su modelo de integridad, políticas, objetivos y responsables.
🟩 2. Implementación operativa
El programa debe estar activo y funcionando, no solo en papel.
Esto implica tener canales, capacitaciones, controles y registros que lo respalden.
🟩 3. Evidencia documental verificable
Los organismos pueden solicitar documentos como:
- Código de ética y políticas internas.
- Nombramiento del encargado de cumplimiento.
- Reportes de capacitación en integridad.
- Registro de denuncias gestionadas.
Detalles sobre acreditación en Certificación y Cumplimiento Legal.
🟩 4. Responsabilidad compartida
Las entidades públicas tienen la obligación de revisar que la información entregada por las empresas sea auténtica.
Esto convierte la verificación de integridad en una tarea bidireccional entre proveedores y compradores del Estado.
🟩 5. Actualización y seguimiento
El programa debe actualizarse periódicamente y adaptarse a cambios normativos, como los derivados de la Ley 21.595 o nuevas instrucciones de la CGR.
¿Cómo cumple una empresa con estas exigencias?
Cumplir con la Contraloría implica preparación, evidencia y cultura interna de cumplimiento.
A continuación, se presentan los pasos esenciales:
🔹 1. Diagnóstico de integridad
Evalúa el nivel de madurez ética y de cumplimiento de tu organización, identificando brechas frente a la Ley 20.393 y al Dictamen CGR.
🔹 2. Implementación de un Programa de Integridad
Desarrolla e implementa un programa adaptado al tamaño y giro de tu empresa, incluyendo políticas, procedimientos y canal de denuncias.
🔹 3. Capacitación constante
La CGR reconoce la capacitación como una evidencia clave de compromiso.
Capacitar regularmente a trabajadores y directivos demuestra operatividad real.
Conoce nuestras Capacitaciones diseñadas especialmente para proveedores del Estado.
🔹 4. Generación de evidencia documental
Conserva todos los registros asociados al programa: actas, correos, listados de asistencia, informes de auditoría, etc.
Cada documento puede ser solicitado por la Contraloría en una revisión.
🔹 5. Certificación externa
Una certificación emitida por expertos en cumplimiento, como Maxing, refuerza la credibilidad y cumplimiento ante los organismos públicos.
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Conclusión
La Contraloría exige integridad real, no simbólica.
Hoy, toda empresa que quiera contratar con el Estado debe demostrar ética, cumplimiento y transparencia operativa.
El Programa de Integridad es el instrumento que permite hacerlo y es, a la vez, una herramienta de protección y crecimiento institucional.
En Maxing ayudamos a tu empresa a cumplir con las exigencias de la Contraloría, implementando programas efectivos, verificables y alineados con las normas vigentes.