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Introducción

La entrada en vigencia de la Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente en Chile marca un antes y un después en materia de cumplimiento normativo.
Esta ley amplía de forma significativa la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 20.393) e incorpora nuevos tipos penales que afectan directamente la gestión empresarial.

Para las PYMES proveedoras del Estado, su impacto es inmediato: ahora deben demostrar que cuentan con un Programa de Integridad efectivo que incluya políticas y controles frente a los nuevos delitos económicos y ambientales.

En esta guía de Programa de Integridad – Maxing revisaremos los principales cambios, qué delitos abarca la ley y cómo tu empresa puede prevenirlos de forma eficiente y acreditable.

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¿Qué es la Ley 21.595 y por qué es relevante para las empresas?

La Ley 21.595, publicada en agosto de 2023, redefine el enfoque penal empresarial en Chile.
Su objetivo es unificar y endurecer la persecución de delitos económicos, elevar los estándares de transparencia corporativa y exigir una prevención activa desde las propias organizaciones.

Esta normativa amplía el catálogo de delitos aplicables a personas jurídicas, establece nuevos criterios de responsabilidad y modifica la estructura de sanciones.
En otras palabras: más empresas pueden ser investigadas y sancionadas si no demuestran controles adecuados.

Conoce cómo Maxing puede ayudarte a evaluar riesgos en tu empresa visitando nuestros servicios.

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Principales novedades de la Ley 21.595

A diferencia de la Ley 20.393, que se centraba en un número limitado de delitos (soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo), la nueva ley introduce cuatro grandes categorías de delitos empresariales.

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🟩 1. Delitos contra la probidad y la función pública

Incluye cohecho, soborno entre privados, malversación y fraude en licitaciones públicas.
Estos delitos afectan directamente a proveedores del Estado y son los más fiscalizados por ChileCompra y la Contraloría General de la República.

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🟩 2. Delitos económicos corporativos

Abarca la administración desleal, uso indebido de información privilegiada, corrupción entre privados, contabilidad falsa o deficiente, y obstrucción a la fiscalización.

Estos delitos exigen que las empresas implementen controles financieros internos y auditorías regulares.

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🟩 3. Delitos ambientales

Por primera vez, las empresas pueden ser sancionadas penalmente por contaminación, vertimiento indebido de residuos o daños ambientales.

Esto obliga a incorporar controles ambientales y de sostenibilidad dentro del Programa de Integridad.

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🟩 4. Delitos de lavado, financiamiento y encubrimiento

La ley refuerza los estándares de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, alineándose con las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

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¿Cómo afecta la Ley 21.595 a las PYMES?

Si bien la ley se aplica a todas las personas jurídicas, las PYMES y microempresas proveedoras del Estado tienen una exposición especial debido a su participación en compras públicas.
No contar con un Programa de Integridad adaptado a las nuevas exigencias puede significar:

🛑 Exclusión de licitaciones públicas.
🛑 Multas o sanciones penales.
🛑 Pérdida de reputación y contratos vigentes.
🛑 Daño irreversible a la confianza institucional.

Cumplir con la ley es ahora una condición para competir en el mercado público, no solo una opción de gestión.

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Cómo prevenir los nuevos delitos económicos

Prevenir los delitos contemplados en la Ley 21.595 requiere un enfoque sistemático y documentado.
Las empresas deben integrar la prevención en su modelo operativo diario, no solo como una política formal.

Pasos esenciales:

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🔹 1. Actualizar el Programa de Integridad vigente

Debe incluir los nuevos delitos y riesgos contemplados en la ley.
Esto requiere revisión legal y rediseño de políticas internas.

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🔹 2. Capacitar al personal y al liderazgo

La ley valora la formación preventiva y continua como prueba de diligencia.
Capacitar es tan importante como implementar.

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🔹 3. Evaluar y documentar los riesgos

Toda empresa debe mantener un mapa de riesgos actualizado, especialmente en compras, contratos y pagos.

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🔹 4. Establecer controles ambientales y financieros

Es fundamental tener protocolos específicos en temas ambientales, financieros y de contratación pública.

Descubre cómo lograrlo en nuestras Capacitaciones sobre Integridad.

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Caso práctico: proveedor público sancionado

En 2024, la Contraloría revisó el caso de un proveedor del Estado sancionado por presentar documentación falsa en una licitación.
Aunque el delito fue cometido por un funcionario interno, la empresa no contaba con un programa preventivo, por lo que fue declarada inhabilitada para contratar durante dos años.

Este ejemplo demuestra que el incumplimiento de la Ley 21.595 puede tener consecuencias graves incluso para pequeñas empresas.

Conoce otros ejemplos en nuestros Casos de Éxito.

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Conclusión

La Ley 21.595 representa una nueva era para la integridad corporativa en Chile.
Su cumplimiento no solo evita sanciones, sino que también posiciona a las empresas como socios confiables del Estado y del sector privado.

En Maxing ayudamos a tu empresa a diagnosticar riesgos, adaptar su programa de integridad y cumplir la nueva normativa, asegurando un cumplimiento sólido, práctico y demostrable.