Desde la publicación del Dictamen E370752/2023 de la Contraloría General de la República (CGR), la exigencia de contar con un Programa de Integridad operativo y comprobable se volvió un requisito indispensable para las empresas proveedoras del Estado. Sin embargo, muchas PYMES aún desconocen cómo cumplir con esta obligación y qué consecuencias enfrentan si no lo hacen.
Este artículo explica de forma clara qué exige el dictamen, cómo evitar sanciones derivadas del incumplimiento y cuáles son los pasos prácticos para mantener la conformidad ante ChileCompra y Contraloría.
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¿Qué es el Dictamen CGR E370752/2023?

El Dictamen CGR E370752/2023, emitido por la Contraloría General de la República, establece que los organismos públicos deben verificar que los proveedores cuenten con Programas de Integridad reales y funcionales, no meramente declarativos.
Esto significa que las empresas deben poder demostrar que su modelo está implementado, actualizado y respaldado por evidencia documentada.
La Contraloría reforzó así el cumplimiento de la Ley 20.393, integrando esta revisión dentro de los procesos de fiscalización del Estado.
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¿Por qué es importante para proveedores del Estado?

El dictamen tiene un impacto directo en el mercado público. Las empresas que no cumplan se exponen a:

• Observaciones durante procesos de licitación o renovación de convenios marco.
• Suspensión de contratos o exclusión del registro de ChileCompra.
• Daño reputacional frente a compradores estatales.
• Mayor riesgo de ser fiscalizadas por Contraloría.

Contar con un Programa de Integridad implementado demuestra seriedad, transparencia y compromiso ético, factores cada vez más valorados en las compras públicas.
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Qué exige el Dictamen CGR E370752/2023

El dictamen no introduce nuevas leyes, sino que precisa cómo deben cumplirse las existentes, especialmente la Ley 20.393.
Entre sus exigencias principales se destacan:

• Evidencia de implementación del Programa de Integridad.
• Designación de un responsable de cumplimiento o encargado de ética.
• Existencia de un canal de denuncias activo y funcional.
• Políticas y procedimientos actualizados.
• Registros de capacitación al personal.

Las empresas deben estar preparadas para demostrar estos elementos ante cualquier revisión del Estado.
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Cómo evitar sanciones derivadas del incumplimiento

La mejor forma de evitar sanciones es aplicar un enfoque preventivo. Para ello, las empresas pueden:

• Realizar un diagnóstico interno de cumplimiento.
• Actualizar sus políticas de integridad conforme a la normativa vigente.
• Capacitar periódicamente a sus colaboradores.
• Contar con asesoría profesional para implementar mejoras.
• Certificar su Programa de Integridad con una entidad acreditada.

Estas acciones no solo evitan sanciones, sino que fortalecen la confianza institucional y mejoran las oportunidades comerciales en el mercado público.
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Caso práctico

Una empresa de servicios tecnológicos fue observada por no tener evidencia actualizada de su Programa de Integridad. Tras aplicar un plan de mejora y certificación, logró cumplir plenamente con el dictamen y consolidar su posición como proveedor confiable del Estado.
Más ejemplos disponibles en Casos de Éxito.

Conclusión

El Dictamen CGR E370752/2023 marcó un antes y un después en la fiscalización de la integridad empresarial en Chile. Hoy, las PYMES no pueden conformarse con programas simbólicos: deben demostrar cumplimiento real y operativo. Evitar sanciones depende de una gestión activa, capacitación continua y acompañamiento experto.
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