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Introducción

En el nuevo escenario normativo chileno, cumplir con la Ley 20.393 no es suficiente si no se cuenta con un Programa de Integridad implementado y operativo.
Ambos instrumentos están íntimamente ligados y constituyen el núcleo del cumplimiento empresarial en Chile, especialmente para aquellas empresas que participan en licitaciones públicas o contratos con el Estado.

La Ley 20.393 establece la base legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mientras que el Programa de Integridad es el mecanismo práctico que permite prevenir, detectar y acreditar el cumplimiento de esa ley.

En este artículo de Programa de Integridad – Maxing analizamos cómo se relacionan estas dos herramientas, qué exige la normativa y cómo garantizar que tu empresa cumpla de manera completa y verificable.

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¿Qué es la Ley 20.393?

La Ley N° 20.393, promulgada en 2009, introdujo en Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo sancionar a empresas por delitos cometidos por sus representantes o trabajadores en beneficio de la organización.

Esta ley fue pionera en establecer la obligación de implementar modelos de prevención de delitos, los cuales evolucionaron con el tiempo hacia el actual Programa de Integridad.

Su objetivo es claro: asegurar que las empresas actúen conforme a principios éticos y preventivos, evitando conductas de corrupción, fraude o soborno.

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¿Qué es un Programa de Integridad?

El Programa de Integridad es la evolución natural del modelo de prevención exigido por la Ley 20.393.
No se trata de un documento teórico, sino de un sistema vivo que incorpora políticas, procedimientos y mecanismos de control que demuestran cumplimiento real y continuo.

Incluye elementos como:

✔ Código de ética y políticas de conducta.
✔ Canal de denuncias interno.
✔ Capacitación en integridad y cumplimiento.
✔ Designación del oficial de cumplimiento.
✔ Monitoreo y auditoría interna del sistema.

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¿Cómo se relacionan la Ley 20.393 y el Programa de Integridad?

La conexión entre ambos instrumentos es directa y funcional:

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🟩 1. La Ley 20.393 crea la obligación

Establece que toda empresa debe contar con un modelo de prevención de delitos, capaz de evitar infracciones como soborno, lavado de activos o corrupción.

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🟩 2. El Programa de Integridad demuestra el cumplimiento

Es el instrumento práctico que documenta y operacionaliza las exigencias de la Ley 20.393, adaptándolas al tamaño y naturaleza de cada empresa.

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🟩 3. El Dictamen CGR 2023 exige evidencia del programa

El Dictamen CGR E370752/2023 determinó que los organismos públicos no pueden aceptar declaraciones formales: deben verificar la existencia y operatividad del programa.

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🟩 4. La Ley 21.595 amplía el alcance

La nueva Ley 21.595 de delitos económicos amplía los delitos incluidos en la 20.393 y exige integrar la prevención penal con políticas de sostenibilidad e integridad.

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¿Por qué esta relación es esencial para los proveedores del Estado?

Para participar en licitaciones públicas o convenios marco, las empresas deben acreditar que cumplen con ambas normas: la Ley 20.393 y las exigencias derivadas del Dictamen CGR 2023.

Esto significa:

• Tener un Programa de Integridad documentado, operativo y verificable.
• Mantener registros de capacitación, denuncias y auditorías.
• Designar un oficial de cumplimiento con independencia y autoridad.
• Actualizar periódicamente sus políticas y controles.

Cumplir con ambos marcos normativos garantiza que la empresa:

✔ Evita sanciones y observaciones en licitaciones.
✔ Mejora su reputación y confiabilidad institucional.
✔ Obtiene ventajas competitivas en el mercado público.

Aprende cómo hacerlo correctamente en nuestras Capacitaciones.

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Cómo garantizar la alineación entre ambos instrumentos

Implementar un Programa de Integridad que cumpla plenamente con la Ley 20.393 requiere considerar los siguientes pasos:

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🔹 1. Diagnóstico inicial de cumplimiento

Analiza el estado actual de tu empresa respecto a la prevención de delitos, controles internos y cultura ética.

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🔹 2. Diseño integral del programa

A partir de ese diagnóstico, estructura políticas, procedimientos y canales que den cumplimiento a la ley y sus reformas.

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🔹 3. Documentación y evidencia

Guarda todas las actas, registros y evaluaciones.
Cada documento es prueba de cumplimiento operativo ante una fiscalización.

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🔹 4. Capacitación continua

Todo el personal debe conocer la Ley 20.393 y las políticas de integridad internas.
Esto demuestra que el programa es real, participativo y funcional.

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Conclusión

La Ley 20.393 y el Programa de Integridad son dos caras de una misma moneda.
La primera impone la obligación legal; el segundo es la herramienta que demuestra el cumplimiento efectivo.
Ambos son esenciales para operar con el Estado y construir una cultura empresarial ética y sostenible.

En Maxing ayudamos a las empresas a alinear su Programa de Integridad con las exigencias legales chilenas, garantizando conformidad plena y ventaja competitiva en el mercado público.