Implementar un Programa de Integridad es un paso esencial para cualquier empresa que desee trabajar con el Estado o demostrar su compromiso ético ante el mercado. Sin embargo, muchas PYMES cometen errores que debilitan la efectividad del programa y ponen en riesgo su cumplimiento ante la Ley 20.393, la Ley 21.595 y las directrices de la Contraloría General de la República. Estos errores no siempre son producto de mala fe, sino del desconocimiento o de la falta de acompañamiento técnico adecuado. En este artículo de Programa de Integridad – Maxing revisamos los más comunes y cómo evitarlos.

El primer error frecuente es copiar modelos genéricos sin adaptarlos a la realidad de la empresa. Cada organización tiene su propio contexto, riesgos y estructura, por lo que un programa copiado pierde validez jurídica y práctica. La Contraloría y ChileCompra exigen que los programas sean personalizados, basados en un diagnóstico previo y con evidencias de implementación real. Un documento genérico no demuestra cumplimiento ni genera cultura ética interna.

El segundo error es no involucrar a la alta dirección. Muchos programas son desarrollados por asesores o encargados de cumplimiento sin el compromiso visible de los dueños o gerentes. Sin ese respaldo, el programa carece de fuerza institucional. La ley establece expresamente que la dirección debe aprobar el programa, asignar recursos y garantizar su funcionamiento. La integridad no puede delegarse por completo; debe ser liderada desde arriba.

Otro error común es omitir la capacitación al personal. Un programa puede estar perfectamente diseñado, pero si los trabajadores no lo conocen o no entienden cómo aplicarlo, no sirve de nada. La Ley 21.595 y el Dictamen CGR 2023 son claros: el programa debe estar implementado y operativo, lo que implica que todos los trabajadores deben estar informados y capacitados. En Maxing desarrollamos planes formativos adaptados a cada nivel de la organización para evitar este problema.

Un cuarto error es no contar con evidencia documental. En procesos de licitación o auditorías, las autoridades no evalúan la buena voluntad, sino la documentación. Actas de reuniones, registros de capacitación, designaciones, políticas internas y reportes deben conservarse y organizarse en una carpeta de cumplimiento. La falta de respaldo documental puede invalidar todo el esfuerzo realizado, incluso si el programa existe y funciona en la práctica.

El quinto error radica en no activar ni difundir el canal de denuncias. Algunas empresas lo mencionan en el papel, pero no lo habilitan o no informan a los trabajadores cómo usarlo. Un canal inactivo demuestra falta de implementación y puede generar sanciones. Este elemento, además, es obligatorio según la Ley 20.393, por lo que su ausencia constituye incumplimiento legal.

También es común no actualizar el programa con el tiempo. La normativa cambia, al igual que las operaciones y los riesgos de la empresa. Si el programa se redactó hace años y nunca se revisó, pierde validez. Las buenas prácticas recomiendan actualizarlo al menos una vez al año, o cuando haya cambios relevantes en la ley o la estructura interna.

Finalmente, uno de los errores más graves es no integrar el programa en la gestión diaria. Algunas empresas lo consideran un requisito administrativo y no una herramienta de gestión. Un Programa de Integridad efectivo debe estar presente en las decisiones de compra, contratación, evaluación de desempeño y relaciones con proveedores. Solo así se convierte en parte de la cultura organizacional.

Evitar estos errores no solo mejora el cumplimiento, sino que fortalece la reputación, aumenta la confianza de los clientes y facilita la participación en licitaciones públicas. En Maxing ayudamos a las empresas a corregir y fortalecer sus programas existentes, asegurando que cumplan con todos los requisitos legales y reflejen un compromiso ético real.