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Introducción

La entrada en vigencia de la Ley 21.595, conocida como la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, marca un punto de inflexión en el cumplimiento empresarial chileno.
Por primera vez, la ley amplía la responsabilidad penal de las empresas a un conjunto de conductas que antes solo recaían en personas naturales, transformando el estándar de integridad y transparencia exigido a las organizaciones.

Para las PYMES proveedoras del Estado, esta normativa implica nuevas obligaciones, mayores riesgos y la necesidad de contar con un Programa de Integridad actualizado.
En esta guía de Programa de Integridad – Maxing analizamos qué dice la Ley 21.595, a quiénes aplica y cómo adaptarse eficazmente a sus exigencias.

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¿Qué es la Ley 21.595?

La Ley N° 21.595, publicada en 2023, crea una nueva categoría de “delitos económicos” y amplía el catálogo de delitos que pueden generar responsabilidad penal para las personas jurídicas.

Esta ley modifica profundamente la Ley 20.393, estableciendo un nuevo sistema de sanciones, jerarquías y responsabilidad penal que se aplica tanto a grandes corporaciones como a PYMES y microempresas.

En términos simples, busca que las empresas respondan penalmente por los delitos cometidos en su beneficio, como:

• Corrupción entre privados
• Cohecho nacional y extranjero
• Administración desleal
• Fraude tributario
• Contaminación ambiental
• Delitos bursátiles y financieros

Conoce los fundamentos de cumplimiento en nuestro sitio web.

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¿Por qué es importante para proveedores del Estado?

La Ley 21.595 se conecta directamente con la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos y el Dictamen CGR E370752/2023, que exigen que las empresas contratistas demuestren cumplimiento efectivo en materia de integridad y ética.

Esto significa que los proveedores del Estado deben:

✔ Acreditar un Programa de Integridad y Cumplimiento vigente.
✔ Demostrar evidencia documental de implementación.
✔ Incorporar políticas de prevención de delitos económicos.
✔ Contar con un encargado de cumplimiento capacitado.

Descubre cómo cumplir correctamente en nuestros Servicios.

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¿Qué exige la ley o normativa vigente?

La Ley 21.595 establece exigencias específicas que las empresas deben cumplir para prevenir y gestionar delitos económicos.
Entre las principales se encuentran:

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🟩 1. Integración del cumplimiento penal y ambiental

Las empresas deben incorporar controles internos que abarquen tanto la prevención de delitos económicos como los impactos ambientales asociados a sus operaciones.

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🟩 2. Responsabilidad penal ampliada

Ahora, los altos ejecutivos y los órganos de dirección pueden ser responsables directos si no implementan mecanismos adecuados de prevención o supervisión.

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🟩 3. Nuevas categorías de delitos

La ley organiza los delitos económicos en cuatro categorías, dependiendo de su gravedad y el beneficio obtenido.
Incluye, por ejemplo, delitos contables, tributarios, financieros y medioambientales.

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🟩 4. Sistema de sanciones y multas

Las sanciones para las empresas pueden incluir:

• Multas de alto valor económico.
• Inhabilitación para contratar con el Estado.
• Disolución de la persona jurídica en casos graves.

Conoce más sobre cumplimiento legal en Certificación y Cumplimiento Legal.

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¿Cómo adaptarse a la Ley 21.595?

Para cumplir correctamente con esta nueva normativa, las empresas deben actualizar sus modelos de integridad.
A continuación, presentamos las medidas esenciales:

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🔹 1. Revisar y actualizar el Programa de Integridad

Tu programa debe incorporar los nuevos riesgos penales y ambientales definidos por la ley.
Esto incluye revisar políticas de contratación, gestión ambiental, relaciones comerciales y donaciones.

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🔹 2. Evaluar riesgos específicos de delitos económicos

Es clave realizar una matriz de riesgos adaptada al nuevo marco legal, considerando áreas como finanzas, tributación, adquisiciones y medioambiente.

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🔹 3. Fortalecer el canal de denuncias

Debe garantizar confidencialidad, trazabilidad y una gestión oportuna.
Además, se recomienda integrarlo con mecanismos digitales y registro seguro de evidencia.

Aprende a implementarlo correctamente en nuestras Capacitaciones.

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🔹 4. Capacitar a directivos y trabajadores

La Ley 21.595 exige formación permanente en ética y cumplimiento.
La capacitación demuestra compromiso y mitiga la responsabilidad penal.

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🔹 5. Documentar todo el proceso

Cada política, capacitación, denuncia o auditoría debe registrarse y conservarse como evidencia verificable ante Contraloría o ChileCompra.

Conoce cómo lo han hecho otras empresas en nuestros Casos de Éxito.

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Conclusión

La Ley 21.595 representa el mayor avance del sistema chileno en materia de cumplimiento, integridad y responsabilidad penal empresarial.
Su impacto en los proveedores del Estado es directo y exigente, pero también ofrece la oportunidad de fortalecer la reputación, competitividad y sostenibilidad de las empresas.

En Maxing ayudamos a las organizaciones a actualizar sus programas de integridad, incorporar controles para los nuevos delitos económicos y cumplir con la ley de manera efectiva y demostrable.